PROBLEMAS ECONOMICOS DE MEXICO

No al gobierno rico con pueblo pobre.

Los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos, y en poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana.

Separar el poder político del poder económico.

Durante décadas, el poder político en México ha sido distorsionado y pervertido por la connivencia entre equipos de gobierno y grupos empresariales, hasta el punto en que se hizo imposible distinguir entre unos y otros. De esa manera, las instituciones gubernamentales fueron puestas al servicio de los intereses corporativos y usadas para la creación, consolidación y expansión de fortunas, en tanto que diversos consorcios han disfrutado en los hechos de una perversa proyección política, legislativa, judicial y administrativa.

El gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el principio constitucional de que "todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste". En lo sucesivo, la capacidad económica y financiera de personas físicas o morales no debe orientar el nombramiento de funcionarios, la adopción de políticas públicas, las decisiones administrativas, la realización de reformas legales, la elaboración de fallos legales y mucho menos la distorsión de la voluntad popular en procesos electorales, como ha ocurrido en el pasado. Las instituciones de gobierno deben velar por las necesidades del país y de toda la población y no sólo por los intereses de grupos de presión empresariales y mediáticos.

La dinámica de los negocios es indispensable para el desarrollo nacional y para el buen desempeño de la economía, pero es indispensable sacar del ámbito político las legítimas actividades para obtener ganancias. Con este propósito se mantendrá una estricta vigilancia de los conflictos de interés de los servidores públicos, se combatirá la corrupción en la asignación de contratos y concesiones y se sancionará como delito grave todo intento de distorsión electoral mediante la inyección de recursos no autorizados en campañas políticas o para ofrecer beneficios personales de cualquier clase a cambio del voto.

Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica.

En estos casi 30 años de política ortodoxa, la inversión privada nacional no ha podido llenar el hueco de la inversión pública y el Estado ha tenido que revertir algunas de las privatizaciones debido a problemas de rentabilidad, derivados de una deficiente administración en manos privadas. Tales fueron los casos de la mayor parte de las carreteras nacionales de cuota, las líneas áreas nacionales y –un caso muy especial– los bancos.

La nacionalización de la banca mexicana decretada en 1982 por el gobierno de López Portillo, como medida última para frenar la fuga de divisas, no ocasionó ninguna catástrofe financiera como auguraban sus críticos. En contraste, la reprivatización de la banca ocurrida años más tarde bajo el gobierno de Carlos Salinas puso al sistema bancario mexicano en manos inexpertas y lo volvió altamente vulnerable. Aunado a ello, la apertura financiera acelerada provocó el ingreso de grandes cantidades de capital especulativo externo. Además, la sobrevaluación de la moneda hizo aún más vulnerable al sistema financiero.

Falta de inversión, falta de crédito y falta de política económica.

Como en el caso de otros países en desarrollo, México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de manera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), a su vez, altas y sostenidas en el largo plazo, según estimaciones de organismos internacionales. Con ello, la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos y, en consecuencia, la proporción de los salarios en el valor agregado, es decir, reducir la concentración del ingreso. En ninguno de los últimos 25 años la proporción de la inversión entendida como formación bruta de capital fijo ha alcanzado esa meta respecto al pib, aun considerando la inversión extranjera.

Desde la primera parte de los años ochenta, el Estado ha reducido de manera significativa su participación en la inversión total como resultado de la orientación ortodoxa de la política económica, que concibe la inversión pública como factor de desplazamiento de la inversión privada y que además considera a la burocracia paraestatal como esencialmente corrupta, ineficiente e incapaz de ser regulada. Por estas dos razones, se hacía indispensable –en esta lógica– la privatización de las empresas estatales rentables y la liquidación de las no rentables. La nueva inversión pública estaría limitada, además, por razones presupuestarias.